Estado de derecho en España

Bruselas alerta del daño a jueces por los ataques que reciben desde el Gobierno y el Parlamento

El informe sobre el Estado de Derecho aprecia avances "significativos" en el acuerdo sobre la renovación del máximo órgano de los jueces

Banderas de la UE a la entrada de la sede de la Comisión Europea.

Banderas de la UE a la entrada de la sede de la Comisión Europea. / EP

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El quinto informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea trae este año una de cal y una de arean para España. Afea las críticas a los jueces desde el poder polítcoo que haya nombrado a una presidenta de RTVE sin aprobación del congreso pero aplaude el acuerdo para renovar el CGPJ "si se cumple" y las llamadas a mayor transparencia de la publicidad institucional en los medios de comunicación. Preocupa a la Comisión el abuso de los procedimientos de emergencia para aprobar algunas leyes. Recomienda que se garantice la separación en el tiempo entre el nombramiento de los fiscales generales y su paso previo por el Gobierno, "siguiendo los estándares de independencia y autonomía de los fiscales".

La Comisión Europease muestra preocupada por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial. Avisa del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. También ha pedido más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General.

La reprimenda llega en un momento en que desde el Gobierno se carga contra el juez Juan Carlos Peinado por haber llamado a declarar a Pedro Sánchez en el caso de Begoña Gómez, y cuando el Partido Popular critica al Tribunal Constitucional tras anular la sentencia del caso de los ERE.

"Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad", señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.

El "daño" a esta confianza, añade el documento, es "particularmente relevante" cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales.

Renovación del CGPJ

El texto se refiere a la "preocupación" que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que "este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial", por ejemplo cuando desde la política "criticaban tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto".

Al mismo tiempo, la Comisión reconoce el avance "significativo" hacia el acuerdo para la renovación del CGPJ tras cinco años bloqueado. La Comisión hizo de mediadora entre el Gobierno y el Partido Popular y consiguió que llegaran a un acuerdo para el desbloqueo el pasado 25 de junio.

"Cinco años después del primer Informe sobre el Estado de Derecho, estamos mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes para el Estado de Derecho. Hemos visto que el diálogo puede ayudar a lograr avances importantes.", ha asegurado Didier Reynders, comisario responsable de Justicia en la Unión Europea y "árbitro" entre el ministro de Justicia Félix Bolaños, y el responsable del Partido Popular, Esteban González Pons.

El informe concluye con una serie de recomendaciones a España en la que Bruselas ha evitado referirse a la ley de amnistía porque su análisis sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario sigue en marcha. Sí reproduce Bruselas parte de las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la norma en la que se apunta la controversia y divisiones que creó, así como la urgencia con al que se tramitó.

También reconoce "algunos avances" para fortalecer el estatuto del Fiscal General pero los considera insuficientes y pide más esfuerzos en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del mandato del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía.

Medios de comunicación

El informe afea que no haya habido aún "cambios efectivos en la legislación sobre la regulación de la inversión publicitaria institucional en los medios de comunicación". Sí destaca que ha habido llamadas para una "transparencia mayor en la distribución de la publicidad institucional para evitar el uso del reparto de esa publicidad para cuestiones políticas o electorales". Sin embargo, subraya que la nueva presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, haya sido nombrada "en la ausencia de acuerdos con el Congreso" para elegirla.

Además, según el informe, "los periodistas siguen enfrentándose a dificultades para llevar a cabo sus actividades profesionales.

Recomendaciones para España

La Comisión hace una serie de recomendaciones a España para que avance en el respeto al Estado de Derecho. Pide continuar en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, en concreto sobre la "separación en el tiempo entre el nombramiento de un nuevo Fiscal General y su paso por el Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos.

Además, con base en el acuerdo del 25 de junio, solicita terminar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y avanzar en el proceso de adaptación del proceso de nombramiento de los jueces miembro, teniendo en cuenta los estándares europeos para Consejos de Justicia. Adpotar un registro de lobistas obligatorio

Mejora el conjunto del Estado de derecho en la UE

El quinto Informe anual sobre el Estado de Derecho examina la evolución de todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. En comparación con la primera edición del Informe, los Estados miembros y la UE en su conjunto están mucho mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes. Esto contribuye a la resistencia de las democracias europeas y al buen funcionamiento del mercado único y beneficia al entorno empresarial que fomenta la competitividad y el crecimiento sostenible, según informa la Comisión Europea en una nota de prensa.

Desde su primera publicación en 2020, el informe se ha convertido en un motor de reformas positivas: Dos tercios (68 %) de las recomendaciones formuladas en 2023 se han abordado, total o parcialmente. Sin embargo, en algunos Estados miembros persisten preocupaciones sistemáticas y la situación se ha deteriorado aún más. Estas preocupaciones se abordan en las recomendaciones del informe de este año. En el presente informe no se formulan recomendaciones para los países candidatos, ya que las recomendaciones para estos países se formulan exclusivamente en el contexto del paquete de ampliación anual. 

Las reformas en el ámbito de la justicia han seguido ocupando un lugar destacado en la agenda política durante el último año, y muchos Estados miembros han seguido las recomendaciones de 2023. E informe de este año recomienda a los Estados miembros que aborden retos como la necesidad de salvaguardias en los procedimientos de nombramiento de jueces tanto para los tribunales de instancias inferiores como para los puestos de alto nivel, la autonomía de las fiscalías o la necesidad de proporcionar recursos adecuados al poder judicial, también en lo que respecta a los salarios. 

La corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos y las empresas de la UE, según los resultados de la encuesta especial y de la encuesta Eurobarómetro Flash de 2024 sobre las actitudes de los ciudadanos y las empresas frente a la corrupción en la UE. 

Desde el último Informe sobre el Estado de Derecho, varios Estados miembros han adoptado medidas concretas para mejorar la seguridad y el entorno de trabajo de los periodistas, también a la luz de iniciativas de la Comisión como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), ya en vigor y plenamente aplicable a partir de agosto de 2025, la Directiva y la Recomendación sobre demandas estratégicas contra la participación pública y la Recomendación sobre la seguridad de los periodistas. 

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