Las autonomías del PP acuden al Supremo para forzar a Sánchez a convocar una Conferencia de Presidentes

La resistencia del PP de pactar una reforma de la ley de extranjería para ayudar a Canarias en la atención de los menores inmigrantes fue uno de los asuntos que Alberto Núñez Feijóo abordó este lunes con los dirigentes autonómicos de su partido en una comida en Madrid. Durante el almuerzo, se acordó que este martes, mientras se estuviera celebrando el debate de la reforma de la norma en el Congreso, todos ellos o sus portavoces saldrían a anunciar la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para denunciar la negativa de Pedro Sánchez de convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el reto de la inmigración, algo que los populares llevan pidiendo unos días.

La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los de las comunidades y Ceuta y Melilla y, según marca su reglamento desde 2022, debe reunirse "al menos dos veces al año". Los dirigentes del PP, con Feijóo a la cabeza, ya habían solicitado estos meses atrás en varias ocasiones la convocatoria de la Conferencia para que Sánchez explicara su acuerdo de investidura con Junts en materia de financiación y amnistía.

En el debate sobre la ley de extranjería, los conservadores han puesto una serie de condiciones para pactar la reforma de la norma que exigen tanto el Gobierno de Canarias, la región más afectada, como Ceuta (gobernada por el PP). Entre otras medidas piden que se reúna la Conferencia de presidentes, más inversión para atender a los niños inmigrantes y que se declare la "emergencia migratoria para todo el territorio" (una manera de acelerar las decisiones y los contratos de la administración).

Los gobiernos del PP han ido anunciando los recursos a partir de las once de la mañana. Una de las primeras ha sido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La dirigente ha vuelto a acusar al Gobierno de haber "mirado para otro lado" con la inmigración durante estos últimos años mientras asegura que desde las comunidades autónomas llevan tiempo "advirtiendo". La presidenta madrileña ha incidido en la idea de que no es solo una cuestión económica y por eso denuncia que Sánchez solo busca "engañar con el dinero" y que el rechazo de su partido no se debe a los recursos económicos o de atención sanitaria, entre otros. "Yo puedo dar dinero, pero ¿cómo los integro?", se ha preguntado en un acto cuando le han preguntado por la ley de extranjería.

Desde que se levantó un campamento para inmigrantes procedentes de Canarias en Alcalá de Henares, no exento de declaraciones polémicas de la propia Ayuso sobre la asociación entre seguridad e inmigración, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que a las administraciones autonómicas les hace falta más información, "de dónde vienen, en qué circunstancias, qué arrastran detrás….", para poder atenderles y exige un plan de integración el Gobierno. La dirigente madrileña, además, enfatiza que lo que se está viendo ahora con la inmigración es “el comienzo de mucho más”, convencida de que las mafias le tienen la medida cogida al Gobierno de España y que el control de fronteras falla tanto en las costas como en el aeropuerto de Barajas, provocando, dice, que se esté “multiplicando el problema”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al Ejecutivo central de "estar navegando entre la improvisación y la incompetencia". "El Gobierno de la Nación no quiere resolver el problema, quiere quitárselo de encima", ha denunciado desde Cantabria la presidenta, María José Sáenz de Buruaga.