Andalucía
La Fiscalía respalda la suspensión de cárcel para Griñán por el caso de los ERE
El médico forense se pronunció a favor de la aplicación de la suspensión de la pena de cárcel por "riesgo vital" para el expresidente ante una enfermedad "grave e incurable"
![José Antonio Griñán.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5d82abed-0ff3-4373-8a67-c6fff6215373_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
José Antonio Griñán. / EP
Isabel Morillo
La Fiscalía respalda la suspensión de la pena de cárcel para el expresidente
José Antonio Griñán
. En un breve escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público asegura que "a la vista de
informe emitido
por el Instituto de Medicina Legal", el pasado 15 de junio, "en el que indica que el penado padece una enfermedad muy grave e incurable", la Fiscalía no se opone a la aplicación del artículo 80.4 del Código Penal. Ese artículo señala que "los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables".
Griñán fue condenado a una pena de seis años de cárcel por
malversación
en la llamada pieza política de los ERE, que juzgó el sistema de reparto de más de 680 millones de euros durante una década (2000-2009) en Andalucía para concluir que fue "ilegal y arbitrario". El expresidente andaluz padece un
cáncer
de próstata que le fue diagnosticado poco antes de que cumpliera el plazo para su ingreso en la cárcel, el pasado 1 de enero, y del que se está tratando en estos momentos, con algunas complicaciones. La médico forense encargada de analizar su situación desaconsejó su entrada en prisión y ahora lo refrenda la Fiscalía, tras la petición de la Audiencia de que el ministerio público y la acusación particular, el PP, se posicionaran.
El último informe forense fue más concluyente que los anteriores y se posicionó a favor de suspender la pena de cárcel para el expresidente andaluz por "una enfermedad muy grave e incurable". Según la médico era necesario "evitar entre otros el peligro de infecciones en personas con un sistema inmunológico deprimido y que pueden suponer riesgos vitales por la edad (77 años) y la propia enfermedad". Todos los informes hasta la fecha han puesto en duda que Griñán pudiera seguir su tratamiento desde la cárcel por la falta de recursos reseñados por la propia institución penitenciaria, con problemas para los traslados de presos, falta de médicos en plantilla y ausencia de medios para atender una urgencia en caso de complicaciones por el tratamiento hormonal y de radioterapia que el exdirigente socialista sigue contra su cáncer.
La Audiencia de Sevilla debe tomar una decisión final pero todo apunta a que el expresidente andaluz no tendrá que entrar en la cárcel. El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ya ha salido prisión y disfruta del tercer grado tras cumplir unos meses, también aquejado por una grave enfermedad.
El pasado enero entraron en prisión seis de los ocho condenados con penas de cárcel por el caso ERE. Entraron en la cárcel cuatro ex consejeros (José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández), dos ex viceconsejeros (Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá), y un ex director general de la empresa pública Idea (Miguel Ángel Serrano). Finalmente el pasado abril, otro de los condenados, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que padece un cáncer incurable también ingreso en la cárcel, donde se consideró que puede recibir el tratamiento que necesita.
A la espera del TC
El Tribunal Constitucional analizará si el procedimiento penal y las penas dictadas contra los ex presidentes de la
Junta de Andalucía
Manuel Chaves
y José Antonio Griñán y otros diez condenados por la trama de los ERE en Andalucía supusieron alguna vulneración de sus derechos fundamentales. La decisión de la Sala Segunda del órgano de garantías supone la admisión a trámite de sus recursos, cuyo fondo se verá por el Pleno del órgano. La decisión, lejos de ser automática, supone valorar que existe una especial trascendencia constitucional en el asunto.
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