Ángel Víctor Torres: "España es indudablemente mejor sin gobiernos autonómicos con Vox"

¿Quién escribió ‘Juegos de la edad tardía’?, pregunta mientras regresa aliviado tras posar para las fotografías. Habla rápido de libros y guisos y, entre medias, cuela alguna vivencia personal. La Delegación del Gobierno en la C. Valenciana es su casa por un día. Es 18 de julio, día cargado de memoria y simbolismo, pero en las televisiones, el asunto de Begoña Gómez es tendencia. Él está por un homenaje a represaliados del franquismo. Es un filólogo metido a ministro. "Tiene explicación". Y más antes de un acto así: una historia de compromiso, la de su abuelo, un republicano que estuvo preso y que luego solo hablaba de aquellas cosas con él. Ese fue el germen de que se presentara a alcalde con el PSOE y empezara carrera en la política.

¿Hasta dónde va a llegar el Gobierno con las leyes de concordia como la valenciana?

Hubiera sido deseable que no se aprobara. El día en que se rompía el pacto entre PP y Vox creo que había razones más que objetivas para que el presidente del PP valenciano la dejara sobre la mesa. Una vez aprobada, el Gobierno de España activará el 33.2, que es simple y llanamente pedirle al Gobierno de la C. Valenciana que se siente con los técnicos de Política Territorial al objeto de que el texto se adecúe a la defensa de los derechos humanos. Espero que nos digan que sí, porque el presidente de Aragón ni siquiera quiso sentarse y el Constitucional ha suspendido su derogación.

¿El objetivo es que estas normas no entren en vigor?

No queda otra que pedirle al Consell sentarse para que el texto entre en los márgenes de la Constitución y del Derecho Internacional.

¿El texto actual requeriría muchos cambios?

Hay uno fundamental, porque unifica a las víctimas de los 40 años de dictadura a las supuestas víctimas, según el actual gobierno de la C. Valenciana, de la República. Y eso es inaceptable. Lo dicen los relatores de la ONU, la propia Constitución y el sentido común. Durante la dictadura hubo víctimas, fosas comunes, fusilamientos, opresión, supresión de cualquier derecho básico. Eso no ocurrió en la República.

Hubo violencia también.

Hubo de todo lo que puede haber en un sistema democrático, que no son perfectos, y lo que ha hecho el presidente de C. Valenciana es igualar una etapa democrática con una absolutamente antidemocrática y totalitaria.

El Consell dice que ya estaba en la ley anterior valenciana esa retrotracción a 1931.

No es verdad. Y se lo he dicho al presidente de la C. Valenciana. La ley de 2017 partía de la República para enaltecer, vanagloriar y defender los valores democráticos durante esos años frente a lo que ocurrió durante los 40 años de dictadura. No es que sean iguales, es que son absolutamente antagónicas.

Otro argumento para defenderla por parte del presidente Mazón es que otorga el estatus de víctimas políticas a los asesinados por ETA.

No es necesario porque los asesinados por ETA tienen su propia ley y además el propio Código Penal lo establece. Por tanto, es un absurdo.

¿Es normal que un país esté discutiendo sobre la consideración de la guerra civil y del franquismo casi un siglo después? ¿Es normal que no haya un consenso como en otros países de Europa sobre este episodio histórico?

No es normal y, si le pudiéramos dar marcha atrás a la historia, mucho antes tendríamos que haber tenido una ley de memoria, no en 2007.

¿Un error de la Transición?

No sé si fue un error. La Transición fue un éxito. Pero que muchísimas víctimas de la dictadura y la guerra de España jamás vieran recompensados el haber sido encarcelados de manera injusta no es para decir que se han hecho las cosas rápidas. Nos hubiese gustado que el PP también hubiese promovido leyes de memoria, pero lo que hizo fue sepultar la de Memoria Histórica, la dotó con cero euros, se olvidó de las exhumaciones. Fue una derogación de facto.

¿El PP no ha creído en la memoria histórica?

Y además ha tenido que aceptar de manera sumisa las exigencias de la ultraderecha. Por tanto, ahora, que demuestren que esa ruptura es real. Tenía una clara oportunidad ese día el presidente de la Comunitat Valenciana y no lo hizo.

Hablando de inmigración, ¿las comunidades autónomas son insolidarias con Canarias, la comunidad que usted ha presidido?

El fenómeno migratorio es cíclico. Yo fui alcalde en 2004 y me pidió un presidente de otra fuerza política que abriéramos instalaciones municipales y lo hice. Senté a los vecinos de mi barrio, entre ellos a mi madre, para explicarles que venían cerca de 50 jóvenes de Mali y que iban a convivir. Pero luego las rutas se modifican. En 2018, el Gobierno aprobó un real decreto para que las comunidades pudieran acoger a menores que llegaban a Andalucía con un suplemento económico de un 25 % de la ficha financiera que había y no funcionó, porque la solidaridad era voluntaria. Por tanto, la solidaridad optativa y voluntaria hace que Canarias tenga en estos momentos 6.000 menores con aumento en los próximos meses.

¿La solución es obligar?

La solución es modificar la ley y en democracia eso es tener más votos a favor que en contra. La Unión Europea tiene que demostrar realmente que es una unión de los territorios que son frontera o ribera y los que no lo son. Por tanto, tiene que haber una solidaridad entre todas las comunidades, una distribución justa, primero pensando en los niños, porque no hay derecho a que estén hacinados en espacios donde no pueden recibir formación, para crecer, que es lo que ellos quieren. Por eso es lamentable que hayan sido niños los que han roto cinco gobiernos, entre ellos el de la Comunitat Valenciana.

¿Y si la Comunitat Valenciana está al 170 % de ocupación en los centros para menores migrantes, qué hace?

Si la C. Valenciana tuviera hoy la presión que tiene Canarias, tendría entre 15.000 y 16.000 menores, y hay mil. ¿Cuál es la capacidad de acogida que debe tener una comunidad? La respuesta que dé el país y si llegan 10.000 menores en la ruta que sea tiene que haber una propuesta lógica de distribución con criterios objetivos. Lo que no se puede decir es que haya comunidades que tienen tres menores, se llevan cinco y ya tienen el 150 % de ocupación.

¿El Gobierno está dispuesto a pagar más por esa atención?

El Gobierno ya ha dicho que hay un modelo de financiación que establece una partida por día y niño, que son 145 euros, y una partida para infraestructuras y para traslado. Pero la iniciativa legislativa dice que se puede aprobar un nuevo plan. La financiación no tiene por qué ser un problema con criterios justos.

Cuando no hay la atención adecuada y vagan por las calles, se genera una sensación de inseguridad ciudadana, que hoy quizá es el principal problema a la hora de lograr consensos sobre estas políticas, ¿no cree?

Razón de más para que se dé la respuesta necesaria a estos menores. ¿Quién puede pensar que una persona que se ha jugado la vida, que ha dejado atrás a su familia, que ha estado durante meses transitando por África con un montón de penurias, quiera venir a un sitio a delinquir? Quieren prosperar, quieren darle un sentido a su existencia. Si al final los encierras en un territorio determinado se genera una olla a presión. Y repito, aquellos que hoy se ponen de perfil en otras comunidades, que no olviden que antes les pasó a ellos y mañana les puede ocurrir.

¿La inmigración ilegal es el gran problema actual de España?

Hace dos meses no estaba en el debate. Se ha abierto ahora a colación de los menores de Canarias.

Se habla poco ahora de la ruta italiana o de la turca. ¿Cree que eso tiene que ver con el hecho de que sean gobiernos radicales los que están allí?

No. Las rutas van modificándose por razones determinadas. Hay rutas que son más seguras y por tanto, más caras. Hay otras que son mucho más arriesgadas, donde se pierden más vidas, y más baratas. Los flujos van a seguir existiendo. Ellos quieren llegar a Europa y no miran qué país es ni qué gobierno hay.

¿Y si se crean vehículos de entrada y de reparto de la población migrante, no habrá un efecto llamada, como dice Feijóo?

Es que el fenómeno migratorio es intrínseco al ser humano. Los movimientos migratorios están en la Biblia, van a existir siempre, porque habrá circunstancias, guerras, hambrunas, desertización, que hacen que la población se mueva . Yo vengo de una tierra que en los años 50 y 60 fue fundamentalmente emigrante. Eso que ocurre en África hoy pasó hace poco menos de un siglo también en España.

Es una cuestión de solidaridad territorial la que está en juego. También se podría decir lo mismo con la financiación autonómica. ¿Le parece asumible que la C. Valenciana reciba menos fondos para sus servicios públicos básicos que otras, que sea así desde 2002 y que nada cambie?

Hubo una actualización del sistema de financiación autonómico en 2009 y además hubo un pacto de Estado de los dos grandes partidos. Quién tuvo la siguiente responsabilidad fue Mariano Rajoy en 2014. Fue incapaz y tenía mayoría absoluta. Entiendo perfectamente a comunidades como la valenciana y otras que exigen, también la mía, una actualización del sistema de financiación, pero donde se tiene que producir es en las Cortes Generales y en un acuerdo de Estado. El presidente Pedro Sánchez se lo ha propuesto al señor Feijóo.

¿Lo ha propuesto por Cataluña, para allanar su singularidad?

Lo ha propuesto para todas las comunidades. Hay autonomías que son ultraperiféricas o periféricas que han tenido también singularidades económicas, porque si no hubiera sido imposible que hubiesen sobrevivido.

La singularidad valenciana son 20 años de infrafinanciación. ¿Eso no justifica un fondo de nivelación mientras no llega un nuevo modelo?

Es una petición que hacen sobre todo las comunidades del PP, entre ellas la consejera de Hacienda de la Generalitat. No es comprensible que, por ejemplo, la C. Valenciana exija un fondo al Estado del mismo modo que luego quita impuestos a las rentas altas, haciendo que no ingrese cientos de millones. Tú no puedes exigir a otra administración ‘dame fondos’ cuando apruebas medidas para tener menos ingresos.

¿Es usted optimista sobre la reforma del sistema?

Depende de una estabilidad política donde tengamos criterio de Estado el principal partido de la oposición y el Gobierno. La prueba de que no es sencillo es que ni con mayoría absoluta del PP se hizo.

¿Es usted el representante de la oposición al Gobierno valenciano? Lo digo porque la sensación es de choque continuo entre Gobierno y Generalitat: financiación, costas, agua, Albufera, memoria histórica, inmigración...

Yo voy a poner ejemplos de justamente lo contrario. Hace nada se ha acordado con el Gobierno de la C. Valenciana una modificación de los presupuestos del año 2024. Yo he hablado con el presidente Mazón con respecto a la ley de Memoria Democrática tendiéndole la mano para no tener que llegar a un conflicto en el Constitucional. Soy un hombre fundamentalmente de acuerdo, se lo puedo asegurar.

¿España es mejor sin gobiernos autonómicos con Vox?

Indudablemente, sí. Que Vox salga de los gobiernos es una buena medida para la sociedad española, porque quiero que mi hijo lea lo que le dé la gana y ame a quien le dé la gana, aunque yo quiera leer otras cosas o quiera amar a otras personas. Yo quiero que mi hijo defienda sus ideas sin tener miedo a que haya un aumento de la violencia que Vox genera en las instituciones. Yo quiero que mi hijo crezca sabiendo que hubo cuatro décadas de ausencia de libertades que sufrió su bisabuelo y su abuelo y que Vox blanquea. La ultraderecha en España es una heredera clara del franquismo. ¿Cómo es posible que haya un partido que no quiera 400 menores en el conjunto del país cuando hay una comunidad que tiene 6.000? ¿Cómo se le cierran las puertas a esos niños y niñas? Dicho esto, el PP fue quien les dio el poder para conseguir presidencias. Y por tanto, si se mantienen ahora con ellos en los gobiernos, que no olviden que el transfuguismo es corrupción y el PP estará incentivando la corrupción con cualquier consejero de Vox que se quede en un gobierno del PP.

¿Entonces el PSOE debe ayudar al PP para apartar a Vox de las instituciones y debe facilitar la estabilidad en estas?

El Partido Socialista siempre estará apoyando aquellas propuestas que haga cualquier gobierno del PP que sean buenas para el interés general.

¿Pero no acuerdos de estabilidad, para la legislatura?

Vamos a ir viendo cómo caminan las cosas, pero los responsables de esa ruptura no somos nosotros. Si el PP realmente ha roto con la ultraderecha, ¿qué sentido tiene que la mantenga en los ayuntamientos?

¿Hasta dónde llega la preocupación en el Gobierno por todo lo que envuelve a Begoña Gómez?

Ninguna, sinceramente lo digo. Estamos ante una investigación que nace de una denuncia con noticia falsa de un sindicato ultraderechista. Estamos en una investigación que PP y Vox están intentando prejuzgar, incluso condenar. Estamos ante una situación de intentar desgastar un Gobierno con personas ajenas al mismo, en un juicio paralelo en el proceso inicial. Frente a quienes publican noticias falsas, bulos o pseudomedios, deberíamos todos estar unidos, porque mañana los podrán sufrir aquellos que hoy no lo defienden.