Una acusación pide al juez que envíe al Supremo la causa de Tsunami Democràtic por ser Puigdemont aforado

Con la ley de amnistía la causa seguida en la Audiencia Nacional por los actos de protesta organizados por Tsunami Democràtic tiene los días contados, porque el destino de las causas abiertas por terrorismo sin sentencia firme es el archivo. Pero eso no parece ser óbice para que las peticiones y resoluciones se multipliquen. Una de las acusaciones personadas, la que ejerce Dignidad y Justicia (DyJ), ha solicitado este martes al juez que remita al Tribunal Supremo la causa al ser aforados tanto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como el diputado en el Parlament de ERC Rubén Wagensberg.

Además del movimiento para que el procedimiento sea remitido al alto tribunal, este martes han solicitado su personación dos policías nacionales que resultaron heridos durante la huelga general que se vivió en Catalunya el 18 de octubre de 2017 en protesta por la sentencia del procés que se había conocido cuatro días antes. Ambos solicitan su personación en el procedimiento para ejercer la acusación particular por las lesiones que sufrieron y que a uno de ellos le obligó a jubilarse con 45 años de edad. En el escrito, presentado por el abogado José María Fuster Fabra, se considera que ambos fueron víctimas de "ataques, de estilo terrorismo urbano o 'kale borroka'", con lanzamiento de "adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje".

Dos agentes solicitan personarse como perjudicados por los altercados contra la sentencia del procés

Uno de los agentes recibió "un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo", mientras que el otro sufrió "una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas".

Se da la circunstancia de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se refería al primero para hacerle un ofrecimiento de acciones en el auto en el que apuntaba a Puigdemont y Wagensberg en Tsunami Democràtic. La fiscalía, no obstante, desvinculaba su agresión de cualquier posible imputación en la causa al afirmar que no existe "ningún indicio de que los investigados promovieran, provacaran o sostuviera" los "graves enfrentamientos contra la policía con agresiones contra sus miembros y destrozo de mobiliario urbano" que se produjeron.

El juez irrumpe en las negociaciones de la amnistía al implicar a Carles Puigdemont en Tsunami Democràtic

El magistrado no imputaba directamente ni a Puigdemont ni a Wagensberg porque ambos son aforados: el primero ante el Tribunal Supremo, porque los eurodiputados gozan de los mismos privilegios que los diputados y senadores, y el segundo ante el alto tribunal, si el delito que se le atribuye se cometió fuera de Catalunya, o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), si fue en ella. De ahí que se limitaba a afirmar que dirigía la investigación contra ambos y les ofrecía declarar como imputados de forma voluntaria.

Competencia del Supremo

La petición de Dignidad y Justicia pasa porque García-Castellón proceda ya a elevar una exposición razonada al Supremo para que sea él quien tramite la causa en su totalidad, dada la condición de aforados de Puigdemont y Wagensberg. En el caso de este último, la acusación popular se remite al auto de octubre de 2017 en el que el Tribunal Supremo declaró su competencia para investigar y juzgar a los líderes del procés por "la existencia de una actuación ejecutada fuera de España" para lograr la independencia de Catalunya.

Aunque el escrito de la acusación no entra en ese detalle, en el caso de Tsunami Democràtic se han detectado reuniones en Ginebra en las que participaron parte de los imputados, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cuentas en ese país y hasta se ha situado en Estonia la organización técnica necesaria para la convocatoria de protestas a través de una aplicación.

La acusación articula su petición de remitir toda la causa al Supremo en la necesidad de mantener su conexidad y evitar resoluciones discrepantes. Lo argumenta en que Tsunami Democràtic "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas relacionadas con la comunicación, la coordinación, la organización, la ejecución de acciones, la financiación del movimiento, aspectos legales o relacionados con el ámbito digital. y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".