Sumar pacta con el PSOE reformar la ley mordaza sin atar el apoyo de ERC y EH Bildu

Sumar ha acordado con el PSOE retomar la "derogación" de la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor hace nueve años, comúnmente conocida como ley mordaza, según ha anunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Una medida incluida en el programa de la coalición y que en la pasada legislatura se frustró por el rechazo de ERC y EH Bildu, al no aceptar los socialistas sus propuestas para prohibir el uso de pelotas de goma o las devoluciones en caliente de inmigrantes. Es por ello que los socios de investidura, a los que no se han informado previamente de este pacto, han recibido la noticia con ciertas reservas por la falta de garantías para desbloquear las negociaciones en el punto en el que encallaron. "Mientras no se solucionen los temas bloqueados", explican fuentes parlamentarias, no avanzará.

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En declaraciones a los medios en Bruselas, Díaz ha asegurado que este acuerdo se incluirá en el plan de regeneración democrática, "y también una ley que va a impedir que quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el plan este miércoles al Congreso, con un primer paquete centrado en los medios de comunicación, principalmente para aplicar el reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación. Para ello está previsto reformar la ley de publicidad institucional y las del derecho al honor y la rectificación.

Desde Sumar, como ya adelantó El Periódico de España, vienen presionando dentro de la coalición para acelerar la derogación de la ley mordaza. Una prioridad para el espacio de Díaz, al tratarse de una reivindicación histórica de la izquierda, con la que además buscan marcar perfil político. De hecho, fue uno de los asuntos que llevaron a la mesa de seguimiento de la coalición con el PSOE. El hecho de incluir en el plan de regeneración la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 ya sería considerado un éxito por parte de Sumar, puesto que el resultado ya recaería sobre la mayoría parlamentaria, pero habrían logrado volver a ponerlo en el centro del debate político.

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Además, Díaz ha apuntado a que se derogarán todos los delitos relativos a las injurias. En este sentido, primero Unidas Podemos y después Sumar, plantean suprimir del Código Penal las calumnias e injurias contra la Corona, contra los sentimientos religioso, las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos; las calumnias, injurias o amenazas contra el Gobierno, el Ejército y otras instituciones del Estado; y la exaltación del terrorismo.

Insuficiente para los socios

El anuncio de Díaz sobre la 'ley mordaza' se produce sin que haya mantenido ningún contacto con los socios habituales del Ejecutivo, claves para alcanzar la mayoría absoluta. Sobre todo, teniendo en cuenta que tan solo cinco meses antes de reeditar el Gobierno de coalición, la mayoría de fuerzas progresistas alcanzaron un acuerdo bastante amplio para reformar gran parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero la negativa de los socialistas a tocar algunos aspectos llevó a ERC y EH Bildu a votar en contra. Fuentes de ambas formaciones aseguran que deberán analizar si el nuevo acuerdo contempla sus exigencias y, de lo contrario, lo volverán a rechazar.  

Los cambios que se pactaron entonces afectaban a 36 artículos. Entre ellos, se reducía el tiempo de identificación en comisaría de seis a dos horas; se reforzaban los criterios objetivos para realizar registros corporales; se garantizaba el derecho a manifestación sin comunicación previa siempre que fuera pacífica; se rebajaban las sanciones por consumo de cannabis u otras sustancias; se eliminaban las sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones de los agentes; e, incluso, se establecía una reducción de la cuantía de las multas en función de la capacidad económica.

Sin embargo, hubo cuatro asuntos claves en los que el PSOE se cerró en banda y que llevaron a ERC y a EH Bildu a votar en contra y tumbar todos los avances: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y, por último, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Hace dos meses, Sumar instó a superar estos desencuentros y registró una proposición de ley que incluía todos los cambios pactados.

Medios de comunicación

El Gobierno busca retomar la iniciativa tras el largo semestre electoral y abrir mesas de negociación con sus socios al margen de los Presupuestos, sin garantías por el momento a la espera del proceso de investidura en Cataluña. La financiación de los medios de comunicación y su “transparencia”, obligando a dar a conocer a sus propietarios y accionistas, son dos de los pilares que guiarán las reformas previstas.

La reforma de la ley de publicidad institucional afectará a todas las administraciones y obligará a hacer públicos los recursos que destinan a los medios de comunicación. Una información que en estos momentos ni siquiera hace pública el propio Gobierno de forma sistematizada y ocultando el gasto de las empresas públicas en publicidad institucional.

La norma comunitaria señala que debe hacerse público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”. El propio jefe del Ejecutivo ha acusado en las últimas semanas a los gobiernos de coalición de PP y Vox de financiar a “pseudomedios” dedicados a “propagar bulos” y ha puesto el foco en el “dinero que hay detrás de la máquina del fango”.