El caso de Marta Domínguez, la manzana envenenada

Malos augurios para Marta Domínguez, cuyo futuro deportivo -está retirada de facto- pende de un hilo después de que el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Española de Atletismo decidiera inhibirse del caso al no hallar pruebas que la incriminasen claramente en un acto de dopaje. Ante la imposibilidad de dictar una resolución en el plazo estipulado (máximo de tres meses), decidió pasar la 'manzana envenenada' a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, un órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD), informó en su edición de ayer El Mundo. La RFEA remitió los papeles con una nota adjunta: "nosotros no sabemos que hacer con esto; no podemos ni sancionar ni eximir. Decidid vosotros...". La IAAF, que mantenía sospechas sobre la atleta palentina desde 2003, amenaza con una sanción ejemplar de cuatro años. La cosa puede ir para largo y, en todo caso, sea cual sea la resolución final, acabará en juicio. Prepárense, pues.

El nucleo gordiano de la cuestión estriba en las variaciones hematológicas registradas en el pasaporte biológico de Marta Domínguez, que podrían indicar dopaje. Y esa es, precisamente, la cuestión en la que nadie se pone de acuerdo. Tanto la atleta como su abogado, José Rodríguez -especialista en asustar a los comités de disciplina con informes científicos ininteligibles de cientos de folios- estaban convencidos de que el caso de la Senadora del PP sería sobreseído por falta de pruebas concluyentes. Esa es la postura que también se defiende desde la Federación Española de Atletismo y que volvieron a suscribir recientemente tras consultar con médicos y hematólogos, que consideraron que no había evidencias científicas irrefutables para construir una posible sanción a Marta Domínguez -in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), que dicen-.

UN ASUNTO QUE 'QUEMA'

Dos prestigiosos hematólogos consultados por la Federación Española (RFEA) convinieron que si los niveles detectados fuesen los de un hombre, con toda seguridad sería condenado. Pero se trata de una mujer. Y las mujeres pueden ver afectados sus niveles sanguíneos a causa de la menstruación o tras sufrir un aborto. Esos eran, al menos, los argumentos que la atleta detalló en sus alegaciones y que no fueron aceptados por la IAAF. Pero es que, además, esos mismos especialistas añadieron otros aspectos por los que resulta imposible castigar a la cuestionada atleta: los medidores biológicos de algunas de las muestras pudieron verse alterados por los efectos de la altitud durante su traslado en avión al laboratorio de Colonia (Alemania). Y en segundo lugar, parece ser que los resultados sospechosos no coinciden exactamente con las fechas de competición. Se podría argumentar, pues, que la atleta se dopaba de la misma manera que sería lícito defender su inocencia. Un laberinto, en fin. Hay demasiadas zonas grises, preguntas sin respuestas, cuestiones sin aclarar, matices que generan dudas razonables... El lío jurídico-científico es de órdago.

La Federación Española recibió el 'regalo' envenenado de la IAAF el pasado mes de junio y le pasó la 'patata caliente' al CSD el 27 de septiembre. En ese organismo, consideran que les ha caído encima un 'papelón' y han solicitado un informe a la Abogacia del Estado que le permita probar que las competencias en esa materia corresponden, única y exclusivamente, a la federación del deporte, es decir, a la Española de atletismo.

Ocurra lo que ocurrra todo parece indicar que el caso acabará en manos de las más altas instancias deportivas. Si la RFEA -o el CSD- no sancionan a la campeona del mundo de 3.000 obstáculos en 2009, la IAAF solicitará al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que lo haga. Es lo mismo que ocurrió en el caso Alberto Contador. Y en el supuesto de que la atleta sea suspendida, sus abogados podrían recurrir al mismo TAS o ante tribunales de lo contencioso españoles. Alguien se atrevió a sugerir, incluso, la posibilidad de llamar a la puerta del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya.