El TAD abre un expediente sancionador a Javier Tebas tras una denuncia de Florentino Pérez: ¡podría ser inhabilitado!

Tras varios meses de especulación, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente sancionador a Javier Tebas, presidente de LaLiga. La decisión del TAD ha sido clara y se iniciará el proceso contra el presidente de La Liga, que podría terminar con una posible inhabilitación, como le sucedió a Pedro Rocha. Una denúncia por parte de Florentino Pérez, que presentó ante el Consejo Superior de Deportes (CSD).

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Florentino acusa a Tebas de discriminar a la entidad del Bernabéu en la convocatoria de la asamblea de los clubes de la patronal que abordó el pacto con CVC. La denúncia llega apenas 15 días antes de que preescriba. El argumento es por convocar de urgencia una Asamblea (la que aprobó el acuerdo con CVC LaLiga Impulso) con ocho días de antelación, y no con 10 como se estipula en las normas.

El TAD había admitido la denuncia trasladada por el CSD en el pasado mes de abril, aunque la Asamblea fue celebrada el 12 de agosto 2021, terminó por no servir de nada ya que los clubes tuvieron que repetirla cinco meses después, en diciembre, en la que se corrigieron todos los posibles defectos de forma de la primera convocatoria.

La sanción a la que se podría enfrentar Tebas: amonestación e inhabilitación

El TAD le imputa a Tebas una posible infracción del artículo 76.1.a) de la Ley 10/1990, del Deporte, por unos motivos que ya fueron desestimados por las justicia ordinaria, aunque dicha resolución se encuentra apelada. Ahora, la posible inhabilitación de Javier Tebas podría estar sobre la mesa aunque falta por escuchar la defensa del presidente de LaLiga a las acusaciones formadas.

El artículo, que se integra en el Título XI: la disciplina deportiva, "recoge que se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas de juego o competición o a las normas deportivas generales".

Ahora el instructor que designe el TAD deberá recabar información de las partes y luego trasladar al pleno la propuesta de sanción. Que podría ir desde una amonestación, inhabilitación de dos meses a un año o, en último extremo, destitución en el cargo.