Antonio Ramón Caravaca, nuevo abogado penalista de la RFEF

 La Federación Española de Fútbol sigue llevando a cabo modificaciones dentro de su normal funcionamiento o en sus distintos organismos. El último, al que ha tenido acceso SPORT, tiene que ver qué el abogado que a partir de ahora a la institución que preside Luis Rubiales. 

Conviene partir recordando que el departamento jurídico de la RFEF está liderado por Miguel Caba, ex Del Real Madrid y Laliga, nombrado en sustitución de Kepa Larumbe. También en este diario os hemos ido contando los cambios en los distintos órganos disciplinarios, especialmente en el Comité de Competición que ahora preside Carmen Pérez, lo mismo que el cargo de Juez Único. Cargo en que él ha sustituido a Francisco Rubio. 

Pero en este caso Ramón Antonio Caravaca Magariños acaba de recibir el apoderamiento para que sea el abogado de la RFEF en todos los procesos penales abiertos en los que este inmerso la institución federativa, tanto del pasado como en el futuro; como también en aquellos donde la RFEF esté perdonada o sea parte. 

Ramón Antonio Magariños cuenta con una dilatada experiencia y gran reputación en el área de Urbanismo. Destaca su extensa labor profesional en Tribunales relacionada con el Derecho Local, Medioambiental y Urbanístico, así como en Derecho penal urbanístico y medioambiental, económico y de Función Pública. Es Funcionario del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local, actualmente en excedencia. 

A lo largo de su trayectoria ha colaborado además en la redacción y gestión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Manzanares "el Real", así como en el desarrollo del Estadio de Atletismo de la Comunidad de Madrid “La Peineta”.

Dentro del ámbito cultural también  ha ocupado importantes cargos. Ha sido patrono gubernamental de la Fundación Thyssen-Bornemisza (2008-2014) y es vocal de la Junta Directiva de Instituto de Arte Contemporáneo y de la Asociación Española de Gestores de patrimonio Cultural (AEGPC). También ha sido miembro del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid (1997-2010) y de la Junta de Garantías Electorales del Consejo Superior de Deportes (2007-2015).

De hecho este letrado ya lidera la decisión adoptada por la RFEF en su Junta Directiva del pasado 5 de junio se decidió presentar una querella, cómo ya informamos en el diario SPORT, contra Maria Lidia García Fernandez, en su calidad de presidente, como el resto de miembros del Tribunal Administrativo del Deporte por sus decisiones adoptadas durante el proceso electoral. Concretamente por sus decisiones adoptadas el 24 de noviembre del 2017 como el 4 de abril del presente año.

Textualmente dice lo siguiente, como ya os contamos el pasado 6 de agosto: Ejercer las acciones pertinentes y específicamente, en su caso, interponer querella contra Dña. Maria Lidia García Fernández, Presidenta del Tribunal Administrativo del Deporte, al resto de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte que votaron afirmativamente los Acuerdos relativos al expediente 324/2017 en la reunión de 24 de noviembre de 2017, así como los que votaron afirmativamente en el expediente 58/2018 en la reunión de 4 de abril de 2018 y a todas las personas que de la instrucción aparezcan con participación en los hechos que se reputen delictivos, por el delito de prevaricación administrativa, delegando en el Presidente a fin de que otorgue el apoderamiento bastante del articulo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a favor de los Procuradores DÑA. D.A.M., D. A.G.A., y el Letrado D. A.C.M., Col. XXXX ICAM, autorizando a la interposición de la querella".  

Conviene recordar que en la reunión del pasado 24 de noviembre de 2017, el TAD estimaba el recurso de revisión presentado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, impugnando las últimas elecciones a la presidencia de la RFEF en las que Ángel María Villar había sido reelegido presidente. El TAD acordó estimarlo pero condicionado al dictamen del Consejo de Estado. Dictamen que meses después desestimó esta decisión. Lo sorprendente es que el TAD ese día adoptó esa decisión cuando  el 9 de junio anterior, el TAD había acordado no revisar las elecciones porque entendía que no existía motivos para ello.

Por su parte, la querella sobre el 4 de abril es porque ese día el TAD acordó suspender las elecciones a la presidencia de la RFEF, a sólo cinco días de su celebración. El órgano estimó el recurso presentado por Luis Rubiales y acordó retrasar casi un mes y medio los comicios, puesto que el lunes 9 de abril, fecha en la que estaba prevista la Asamblea, se disputaba un partido de LaLiga que impedía votar a varios jugadores. Sin embargo, esto no era lo que pretendía Luis Rubiales el ahora presidente de la RFEF. El ahora presidente buscaba que  no se celebrasen partidos en esa fecha, tal y como recoge está recogido en la Orden Ministerial que regula los procesos electorales en las Federaciones Deportivas, pero nunca que se suspendieran las elecciones.

Además de este procedimiento, Antonio Ramón Caravaca también tiene los poderes en otros dos procedimientos donde la RFEF ya es parte. Se trata del caso Soule y el caso Haití. Desde ahora tiene los poderes como abogado legal de la RFEF.