Asalto a la embajada mexicana
Ecuador defiende que su asalto a la embajada de México fue una acción "excepcional" y "aislada"
El país sudamericano pide al Tribunal Internacional de Justicia que rechace las medidas cautelares planteadas por el Gobierno de López Obrador, que exige sus suspensión de Naciones Unidas
Abel Gilbert
Ecuador pidió este miércoles al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que "rechace" por "injustificadas" las "medidas cautelares" que reclama México tras el asalto policial a su embajada en Quito el 5 de abril pasado para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en su interior en calidad de asilado político, y defendió que fue un acto "excepcional" y "aislado". El embajador ecuatoriano en los Países Bajos, Andrés Terán Parral, fue el encargado de presentar los argumentos del Gobierno de Daniel Noboa.
Un día antes, México había exigido la suspensión de ese país de las Naciones Unidas por haber trasgredido "los límites establecidos del derecho internacional". Sin embargo, Parral sostuvo que México "no ha presentado ninguna evidencia" coherente sobre un "daño irreparable a los derechos que busca proteger". Para Ecuador, el asalto de la legación diplomática fue "necesario" porque Glas tiene causas pendientes con la justicia. Pasó por alto que el propio TIJ calificó de "ilegal y arbitraria" esa incursión. Según Parral, "es relevante remarcar que no se había producido hecho similar en su historia" y que no se volverá a repetir, ya que "su único objetivo" era "llevar" a los tribunales al estrecho colaborador del expresidente Rafael Correa.
Medidas cautelares
El TIJ se pronunciará en dos o tres semanas sobre la pertinencia de los requerimientos de las partes en litigio. Luego se tomará al menos dos meses para emitir un dictamen.
A pesar de darle un carácter "excepcional" e "irrepetible" a la acción de la policía, el representante ecuatoriano defendió la acción del 5 de abril. "México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción y está sujeto a procedimientos en marcha relacionados con más casos de corrupción y otros delitos", subrayó.
Glas, quien se encuentra detenido en una cárcel de Guayaquil, se considera un perseguido político que debe enfrentar causas construidas irregularmente y sin fundamentos. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo suya esa explicación al concederle el estatuto de asilado que se basa en una larga tradición de la política internacional de su país.
La responsabilidad es de México
De acuerdo con Terán Parral, Ecuador le ofreció a México "en dos ocasiones" encontrar vías para "no agravar el conflicto y, por el contrario, tratar de buscar una solución pacífica de forma bilateral". La responsabilidad de que eso no haya sucedido, sugirió, recae en la administración de López Obrador, que ha decidido romper las relaciones diplomáticas.
Antes de que tuviera lugar la audiencia de La Haya, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) habían repudiado la acción ecuatoriana con distintos énfasis. En ambos pronunciamientos el Gobierno de Noboa es censurado por haber puesto en entredicho la Convención de Viena en lo referente al carácter inviolable de las legaciones diplomáticas.
Ecuador ha intentado invertir la relación de los hechos y, a la par de la denuncia mexicana, formalizó una demanda contra ese país por haber incumplido sus obligaciones a la luz de la legislación internacional. Lo que cuestiona es el uso indebido de la embajada mexicana para proteger a Glas e interferir en los asuntos internos ecuatorianos.
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