Amnistía Internacional denuncia un aumento de la represión contra las protestas pacíficas en Europa

Las protestas pacíficas están bajo amenaza en Europa por la represión creciente de las fuerzas del orden. Amnistía Internacionaldenuncia que los gobiernos europeos han tomado una deriva peligrosa en la que imponen restricciones injustificadas y punitivas para acallar la disidencia. Además del uso excesivo de fuerza, el nuevo informe de la organización señala que el uso de tecnologías aplicadas a la vigilancia civil van de la mano de una falta de transparencia, lo que está violando los derechos humanos de los europeos. 

"En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, que califica la situación de "alarmante".

España ocupa un lugar en esa lista negra de países represivos por la persistencia de la ley mordaza, que cumple nueve años, así como por la impunidad tras los abusos policiales, como los disparos de balas de foam en Cataluña que dejaron a dos personas sin ojo además de sufrir traumatismos craneoencefálicos graves. Pero la novedad más alarmante en este informe anual es que la organización señala como tendencias más graves las infiltraciones de policías en movimientos sociales, así como la videovigilancia con inteligencia artificial.

Policías que se hacen pasar por activistas

Amnistía denuncia cómo policías españoles se habrían infiltrado en movimientos sociales haciéndose pasar por activistas con tal de acceder a domicilios, a comunicaciones privadas, al ámbito familiar e incluso habrían establecido relaciones de pareja y sexoafectivas con militantes de los movimientos con tal de recabar información de incógnito. Esto también se ha detectado en Holanda y el Reino Unido pero España destaca por su "opacidad flagrante", según el informe de la organización.

"Si no hay autorización ni supervisión judicial, y si el objetivo no es investigar crímenes o delitos concretos, estaríamos ante operaciones policiales que vulneran los derechos humanos", explica a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional en España. "Esto va más allá de la libertad de expresión, la libertad de orden pacífica y de asociación: también vulnera el derecho a la privacidad y a la intimidad", añade.

Solo después de que estos casos salieran a la luz en los medios de comunicación, las autoridades han admitido la existencia de estas operaciones en Catalunya, Valencia y Madrid. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció en marzo de 2023 la existencia de estos "agentes de inteligencia" para la captación de información, bajo autorización administrativa y no judicial. Más recientemente, también admitió estas infiltraciones el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ante el Congreso de los Diputados, el pasado 19 de junio y aludiendo a la ley de secretos oficiales se negaron a esclarecer más detalles sobre esta trama.

Tecnologías para la vigilancia

El auge en el uso de las nuevas tecnologías por parte de los gobiernos europeos para vigilar a sus ciudadanos y ejercer medidas represivas o disuasorias para que no expresen opiniones indeseadas también preocupa a Amnistía. La videovigilancia toma muchas formas: además de las cámaras fijas en espacios públicos, se incrementa el uso de cámaras corporales, drones de vigilancia, incluso cámaras grabando desde automóviles, helicópteros o cañones de agua en manifestaciones. La toma de imágenes se cruza entonces con el reconocimiento facial y grandes bases de datos: una herramienta tan poderosa como opaca que permite a las fuerzas del orden identificar y rastrear a los participantes en manifestaciones pacíficas.

El uso de estas tecnologías "no debería permitirse, salvo que existiera una justificación de protección de la seguridad nacional o del orden público y siempre bajo una serie de salvaguardas, como la supervisión judicial", enfatiza Canales. El Reino Unido está a la cabeza de esta práctica desde 2016, incluso en eventos a gran escala como la coronación del Rey Carlos III en Londres y el Gran Premio de Gran Bretaña. En 2020, el Tribunal de Apelación del Reino Unido concluyó que este método violaba los derechos humanos. Más recientemente, en octubre de 2023, varias organizaciones hicieron saltar las alarmas por la posible participación del Reino Unido en un sistema policial paneuropeo de reconocimiento facial, calificándolo de "innecesario, desproporcionado e indeseable".

Con motivo de los Juegos Olímpicos de París, Francia ha ampliado los poderes de vigilancia de la policía mediante el uso de televisión en circuito cerrado y drones, sin las medidas adecuadas para proteger a los derechos de los ciudadanos, según Amnistía. Además, la nueva provisión ha legalizado el uso de videovigilancia mediante inteligencia artificial, motivo de protesta entre la sociedad civil francesa.

En tanto que esta tendencia se extiende por Europa, la preocupación crece para la secretaria general de Amnistía Internacional. "Cualquiera de [estas prácticas], por sí sola y en un solo país, ya sería preocupante. Pero que haya decenas de estas tácticas represivas a escala continental es simplemente terrorífico", sentencia Agnès Callamard.