La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Carlos, el hermano de Julio Iglesias

Cuatro años de prisión para Carlos Iglesias, esta ha sido la petición de la Fiscalía de Madrid, para el hermano del cantante Julio Iglesias por defraudar supuestamente, junto a otro empresario, 19 millones de euros a Hacienda en 2001. En el ejercicio de ese año no tributaron la venta de varios terrenos alegando que tenían residencia fiscal en Panamá.

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La Audiencia Provincial de Madrid sentará en el banquillo el martes al hermano del cantante, para quien solicita también en su escrito de conclusiones provisionales una multa de 98,2 millones de euros y le acusa de un delito contra la Hacienda Pública.

En el escrito, el ministerio público también pide la misma pena para el segundo empresario, que ya está fallecido, por lo que el juicio solo se dirigirá contra Carlos Iglesias. Según relata la Fiscalía los hechos, el origen del fraude se remonta a la venta de unos terrenos en la localidad de Vicálvaro (Madrid) por la entidad Rolimpa Trading Corporation a dos sociedades españolas por la cantidad de 46,2 millones de euros.

Las ventas se cobraron por transferencia bancaria y el destinatario final fue una cuenta del banco Continental de Panamá, en la que estaba autorizado Carlos Iglesias. A su vez, las acciones de Rolimpa pertenecían a una mercatil que también era propiedad de una sociedad de Carlos Iglesias, quien además había sido apoderado de la propia Rolimpa Trading Corporation hasta el 2 de marzo 2001. Carlos Iglesias compartía "dicho poder" con el otro acusado, pero cuando este se revocó, según la Fiscalía continuó gestionando la sociedad.

Las conclusiones del ministerio fiscal

El ministerio fiscal considera que "con el fin de procurarse un beneficio fiscal ilícito", Carlos Iglesias no declaró el Impuesto de la Renta de No Residentes de esta mercantil, porque se declaraba residente fiscal, ni tampoco tributó las ganancias que obtuvo de la operación.

En febrero de 2001 formalizó un contrato para vender todas su acciones de Ganivet Investment S. A. -que tenía a su vez las acciones de Rolimpa- a otra entidad panameña, pero este documento se constituyó por testaferros del acusado para "simular" esta operación y "eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operación de venta de los terrenos". 

La Fiscalía cree que Carlos Iglesias no ha acreditado que sea residente fiscal en Panamá y sostiene que ha pasado "temporadas en España, donde en el ejercicio 2001 y 2002 tiene sus intereses económicos principales y mayor obtención de renta consecuencia de las ganancias de esta operación", de modo que "ha de considerarse residente fiscal en nuestro país".

Por tanto, concluye, Carlos Iglesias, gestor de hecho de Rolimpa y socio y beneficiario último del precio de la venta, debió haber declarado "la ganancia patrimonial por la venta de los terrenos en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2001 de Rolimpa", y también haber incluido en su IRPF de 2002 la base imponible del Impuesto de Sociedades de la mercantil, "deduciéndose después la cuota pagada por dicho" tributo. Como consecuencia de todo esto, "la cuota defraudada por el Impuesto de Sociedades asciende a 19.650.232,84 euros".