España acumula una multa de 90 millones de la UE que seguirá creciendo por no depurar las aguas residuales

Los quebraderos de cabeza por la incorrecta depuración de las aguas residuales urbanas se complican para España. Hasta ahora, la multa impuesta por la Unión Europea (UE) a este país por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en varias aglomeraciones urbanas asciende a 90 millones de euros y todavía le queda recorrido. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó en 2018 que 17 aglomeraciones urbanas debían corregir el tratamiento defectuoso de las aguas sucias para que la sanción económica desapareciese. A día de hoy, quedan cuatro ubicaciones (Matalascañas en Huelva, Alhaurín el Grande en Málaga, Barbate en Cádiz y Valle de Güimar en Santa Cruz de Tenerife) por concluir la puesta en marcha de su depuradora, y según sus nuevos plazos, podría alargarse hasta al menos principios de 2026. El problema es que este año se ha aprobado una revisión de la directiva citada con criterios aún más exigentes y la multa podría seguir aumentando para España.

La directiva establece que los Estados miembro deben disponer de sistemas de recogida para todas las aglomeraciones con al menos 2.000 habitantes. Aunque la multa se remonta a 2018, lo cierto es que la disputa entre España y las autoridades comunitarias por este tema medioambiental lleva décadas de incumplimiento. La primera sentencia se impuso en 2011 por la mala situación de la depuración de aguas residuales en 43 aglomeraciones urbanas en base a la directiva europea de 1991. En ella se establecía como límite el año 2000 para corregir el tratamiento de este problema. Sin embargo, el país llegó a 2017 con 17 aglomeraciones urbanas que todavía no cumplían con los requisitos mínimos. Un año más tarde, cuando se publicó la sentencia del TJUE, el número de municipios infractores se redujo hasta ocho.

El juez sentenció a España a pagar 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones por cada semestre que se incumpliese la legislación. Con el paso del tiempo y la disminución de municipios infractores, la sanción semestral se redujo a 3 millones de euros. "En este momento, un 20% de municipios con más de 2.000 habitantes está incumpliendo la directiva", expone Gonzalo Delacámara, director del IE Centre for Water & Climate Adaptation, es decir, unos 427 municipios.

Normativa más restrictiva

Además de aumentar la multa cada seis meses, a España se le añaden otros dilemas relacionados con las aguas residuales urbanas. A finales de diciembre de 2023, la Comisión Europea decidió llevar nuevamente al país ante el TJUE por incumplir la citada directiva. Según las autoridades comunitarias, existen 29 aglomeraciones donde España sigue teniendo que garantizar que disponen de sistemas colectores de aguas fecales y un total de 225 aglomeraciones donde el país "sigue sin ofrecer el grado de tratamiento necesario en lo que respecta a los vertidos después del tratamiento", según la Comisión Europea.

No contentos con la actual legislación, la UE acordó endurecer la normativa a las aglomeraciones desde los 1.000 habitantes para 2035. Con esta renovación, "cabe anticipar que el grado de incumplimiento de España será mayor", esgrime Delacámara. Desde el pasado mes de marzo, fecha en la que se cerró el acuerdo, los países de la UE tienen un plazo de tres años para trasponer la normativa a su legislación, aunque algunos artículos podrán esperar hasta el 31 de diciembre de 2035.

Una multa que sigue creciendo

El incremento de la multa dependerá de cuándo finalicen las obras de las cuatro depuradoras que quedan por adecuarse a las condiciones impuestas, pero las fechas que se manejan hacen pensar que España seguirá pagando hasta, al menos, inicios de febrero, tras la inauguración de la infraestructura gaditana. En la última reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) se fijó una inversión de 35 millones de euros para su puesta en marcha, algo que podría retrasarse hasta febrero de 2026. El caso de Matalascañas es el más sensible por haber sufrido dos vertidos fecales en 2021 y suponer un riesgo para el Parque Nacional de Doñana. Esta urbanización costera lleva 28 años esperando por su depuradora, pero el proyecto plantea invadir hasta 3,3 kilómetros con tuberías para conducir las aguas fecales generadas por el centro de visitantes, entre otras polémicas.

La construcción de la tercera depuradora de Málaga, por su parte, fue adjudicada en octubre de 2021, formalizada en marzo de 2022 y en proceso de revisión desde inicios de 2023. En los últimos meses, la Junta de Andalucía confirmó el arranque de las obras de la infraestructura para finales del 2024, por lo que el comienzo de operaciones tendrá que esperar hasta el siguiente año. Y la depuradora de Canarias solo necesita que le llegue el agua necesaria de las tres redes de saneamiento de los tres municipios a los que servirá para echar a funcionar. Mientras tanto, el Gobierno canario paga medio millón de euros por mantener parada la instalación.