Datos del Banco de España

La deuda pública retoma la senda bajista al descender al 108,2% del PIB en junio

El endeudamiento vuelve a bajar tras subir en el primer trimestre, mientras en términos absolutos marca un nuevo máximo de 1,62 billones de euros

Una imagen de la fachada del Banco de España.

Una imagen de la fachada del Banco de España. / EP

Pablo Allendesalazar

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en el 108,2% del PIB al cierre del segundo trimestre del año, con lo que retomó la senda bajista tras subir en el primer trimestre (al 108,9%) por primera vez tras once trimestres consecutivos de descensos. Con todo, el nivel de endeudamiento público sigue siendo superior al cierre del año pasado (107,7%). Y en términos absolutos, la deuda siguió aumentando hasta un nuevo máximo histórico de 1.624.856 millones de euros, si bien su ritmo de incremento se situó en el 3,6% respecto al mismo periodo del año pasado, el más moderado desde junio de 2022. 

El 90,3% de la deuda pública en junio era del Estado con 1,468 billones de euros, un 5,1% más que doce meses antes, mientras que las otras entidades de la Administración Central (como la Sareb, BFA o el FROB) tenían 38.530 millones, un 8,3% menos. La Seguridad Social debía 116.171 millones, un 9,4% más debido a los préstamos concedidos por el Estado para financiar su desequilibrio presupuestario. La deuda autonómica creció un 3,2%, hasta los 337.892 millones, mientras que la local descendió un 0,7%, a los 23.576 millones. Por último, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda pública en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- aumentó un 9,6%, hasta los 358.948 millones.

La deuda en relación al PIB alcanzó un máximo del 125,3% en marzo de 2021, la cota más alta en más de un siglo, debido tanto al hundimiento de la economía a causa de la pandemia como a las medidas públicas sin precedentes para evitar una caída aún mayor. La recuperación de la actividad fundamentalmente, y también la paulatina retirada de las iniciativas de apoyo, ha ido reduciendo el endeudamiento y el Gobierno calcula que la deuda cerrará el año en el 105,1% (frente a la estimación del 106,3% anterior) y bajará al 99,7% a finales de 2027. "El impulso económico, la fuerte creación de empleo y el compromiso con la responsabilidad fiscal permitirán seguir la senda de reducción de la ratio deuda-PIB", se congratuló a finales de julio el Ministerio de Economía.

Riesgo de desviación

Con todo, el nivel de endeudamiento según las estimaciones del Ejecutivo seguirá en 2027 por encima del 98,2% de 2019, el año previo al estallido de la crisis sanitaria. Además, el Banco de España estima que acabará este año por encima de lo augurado por el Gobierno (105,8%) y subirá en los dos próximos ejercicios (106,2% en 2025 y 107,2% en 2026), debido a que entiende que, en ausencia de medidas de ajuste, el crecimiento económico será menor que el de la deuda y también a causa del incremento del gasto ligado al envejecimiento poblacional. España es uno de los países de la zona euro con mayor nivel de deuda, por detrás de Grecia, Italia y Francia y con un nivel similar al del Bélgica

La Comisión Europea, por su parte, prevé un mayor nivel de deuda que el Gobierno tanto este año (105,5% frente al 105,1%) como el próximo (104,8% frente al 104,1%). España esquivó en junio que el Ejecutivo comunitario le abriese un procedimiento por déficit excesivo pese a que el desvío presupuestario fue del 3,6% en 2023. Bruselas valoró que, según sus previsiones, bajará al 3% en 2024 y al 2,8% en 2025. Sin embargo, el Gobierno tendrá que mandar a Bruselas el 20 de septiembre como tarde un plan fiscal estructural a cuatro -o siete años, si incluye determinadas inversiones- como parte de las nuevas reglas fiscales europeas. En el mismo, deberá incluir una estrategia para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y encaminar la deuda pública hacia niveles inferiores al 60% del PIB. 

Ajuste mantenido

Precisamente, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, lleva varios meses advirtiendo de que hay "poco tiempo" para elaborar dicho plan e instando al Gobierno e instando al Gobierno a consensuarlo cuanto antes con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que sea factible lograr los compromisos. El pasado junio, así, apuntó que a medio plazo será necesario un ajuste menor al de la anterior crisis, pero "más mantenido" en el tiempo, "lo que en ocasiones provoca agotamiento". Así, habrá que reducir la deuda de forma sostenida hasta 2038 o 2041 y mantener el déficit por debajo del 3%. 

La Airef estima que las nuevas reglas fiscales abocan a las cuentas del conjunto de las administraciones públicas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024). El nuevo marco europeo permite distribuir el ajuste en un periodo más amplio, de siete años, condicionado a determinados compromisos de inversión que Herrero consideró factibles. Para este supuesto, la Airef estima el ajuste anual necesario en el 0,43% del PIB (equivalente a un ajuste de unos 5.600 millones para cada uno de los siete ejercicios, con datos de PIB de 2024). En todo caso, se trataría de un ajuste aproximado de unos 40.000 millones (en euros de 2024) repartidos en cuatro o en siete años.