El Estado invierte 20.000 millones menos en infraestructuras que en 2009

El sector de las infraestructuras ha registrado una caída de la inversión pública del 64,8% entre 2009, año con mayor desembolso estatal, en el que se registraron 33.680 millones de euros, y 2022, cuando se destinaron a este fin solamente 11.863 millones, según datos recopilados en el informe 'El sector de la construcción en España: el impacto económico de la obra civil (2022)' realizado por PwC a petición de Seopan, la patronal que aglutina a las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras.

Según el estudio, si el actual ritmo inversor persiste hasta 2030, "casi la mitad de las infraestructuras públicas de España superarán los veinte años de antigüedad", afectando principalmente a las hidráulicas, portuarias y viarias, que son las más envejecidas. "El perfil inversor del sector público en España ha sido procíclico, lo que ha llevado a una reducción de la inversión durante las recesiones y subidas durante las épocas de expansión", reflexiona el citado informe.

Desde 2012 el stock de capital público invertido en este sector ha sufrido un retroceso del 2,5%, hasta situarse en los 454.300 millones de euros, tras multiplicarse por dos entre 1995 y 2012. "Desde 2009, la inversión pública no se ha recuperado, dejando muchas infraestructuras sin el mantenimiento adecuado, de tal forma que la inversión bruta no ha cubierto la depreciación del capital acumulado", destaca PwC.

Retorno de la obra civil sobre la economía española

En 2022, últimos datos analizados por PwC, la obra civil representó el 13% de la cifra de producción del sector de la construcción, generando 23.500 millones de euros: 16.500 millones en construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles; 4.100 millones en el desarrollo de redes de agua, depuradoras o gaseoductos; y casi 3.000 millones en otros proyectos de obra civil. Estos proyectos contribuyeron de forma directa, indirecta e inducida en 18.350 millones de euros al producto interior bruto (PIB), generando casi 273.000 empleos y generando una recaudación de impuestos para el Estado de 6.200 millones.

Según cálculos de Seopan, en los próximos años, España deberá invertir 241.000 millones de euros en obra civil para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de las infraestructuras y planificadas, el transporte copa la mayor parte del potencial presupuesto, que requiere 51.400 millones, seguido del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con 54.175 millones y todos los Planes Hidrológicos, que necesita 38.000 millones. A mayores, la modernización del stock de capital público supondría un desembolso de 63.500 millones. De ejecutarse de forma íntegra, las inversiones supondrían un impacto en el PIB de 188.000 millones de euros y la generación de 2,8 millones de empleos.