El FC Barcelona minimizó hace un año el riesgo por Can Rigalt

El Laudo Arbitral que obliga al FC Barcelona a deshacer la operación inmobiliaria de Can Rigalt firmada en 2005 y, como consecuencia de ello, a devolver 47 millones de euros a Inmobiliaria Mar S.A. (35,4 millones más los intereses legales), es un tema sobradamente conocido para la entidad azulgrana. De hecho, sin ir más lejos, en la Memoria del ejercicio anual terminado a 30 de junio de 2015, cuyo informe de gestión y auditoria firmó Deloitte el 15 de julio, la Comisión Gestora (fue la encargada de cerrar el ejercio al haber dimitido la junta directiva del FC Barcelona presidida por Josep María Bartomeu para poder presentarse a las elecciones del mes de julio) le dedica un amplio espacio y hace constar en la memoria que "la Comisión Gestora y los asesores legales del club estiman que la probabilidad de que se resuelva el contrato y se condene al Club a la restitución del precio de la compraventa (o de un menor precio ajustado al valor de mercado actual) es muy baja (no superior al 25% de probabilidad).../...de tal manera que se consideren que no se derivarán minusvalías ni pérdidas financieras o patrimoniales significativas para el Club".

El FC Barcelona estaba convencido en esa misma Memoria que la segunda demanda arbitral (se llevó a cabo en las oficinas del Tribunal Arbitral de Barcelona el 18 de junio del año pasado) no prosperaría en base a tres puntos. El apartado B decía: "Las únicas obligaciones establecidas en el contrato de compraventa que tiene el Club son dos: llevar a cabo los actos que sean necesarios para posibilitar la redacción y la posterior aprobación del proyecto de reparcelación y asumir los costes que para la finca se deriven...". Y en el apartado C se lee: "Las obligaciones a llevar a cabo por parte del Club establecidas en el Laudo son condiciones consistentes en eventos futuros, el cumplimiento de los cuales no dependen únicamente de la voluntad del club".

En el FC Barcelona el fallo arbitral ha sorprendido negativamente y están convencidos de que ha sido una sentencia injusta. Entre otras cosas, porque, según una fuente del club, "hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Hemos asistido a todas las reuniones que se han celebrado y desde el primer momento han estado provisionados siete millones de euros para asumir nuestra obligación contractual de urbanizar el terreno en cuestión". Según esta misma fuente "el árbitro no ha tenido en cuenta que el FC Barcelona no puede influir ni intervenir en la modificiación de ningún Plan Urbanístico. Ahí intervienen actores que no controlamos".

Igualmente ha sorprendio en el FC Barcelona la dura reacción de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona cuando se vendieron los terrenos de Can Rigalt en 2005. Para los actuales rectores del club, el actual conflicto, que ha pasado por varias entregas, nace por la venta de unos terrenos sin fecha de entrega a la hora de firmar el contrato, de tal guisa que el FC Barcelona quedó prisionero de cumplir un negocio donde intervenían agentes que no controlaba (uno de sus socios presentó concurso de acreedores) y donde la brutal crisis económica que estalló en 2008 hizo que todo el Plan quedara en vía muerta. Igualmente sorprende que la parte compradora, y la que ha instado los diferentes arbitrajes, firmara esa compra sin fijar la fecha de entrega de la parcela urbanizada y lista para poder ser vendida.